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Buenos Aires, Domingo 23 de Septiembre de 2018 -  02:20 am 
OPINIÓN

29-06-2018

"Elecciones en México: ¿Servirán para cambiar la realidad?", por Alfredo Atanasof


Las elecciones del 1 de julio en México son las mayores que se han registrado en la historia del país, según las autoridades. Más de 89 millones de mexicanos están llamados al voto para elegir 18.311 cargos a nivel federal, estatal y municipal en todo el país: desde el presidente de la República hasta regidores locales, pasando por todos los miembros del Congreso de la Unión.

Pero estos comicios no solo pasarán a la historia por su gran dimensión, sino además porque serán los más afectados por la violencia. Hasta el 12 de junio, 112 políticos fueron asesinados y otros cientos agredidos, cifra que se ha incrementado en los últimos días para ubicarse en el entorno de los 120.

Esta "campaña sangrienta" no es fruto de una represión de Estado, sino que es generada por la imbricación del crimen organizado con la política a nivel local y regional. De los cargos en juego, 629 son federales —la presidencia, 500 diputaciones y 128 senadurías—, mientras que 17.682 son locales, e incluyen gobernadores y diputados estatales, alcaldes, síndicos y regidores.

En México se lleva adelante "una nueva guerra civil". La violencia de esta contienda no se da entre "bandos con distintos programas ideológicos", sino desde el crimen organizado contra la población, depredando el Estado y el territorio.

En México, para todo efecto práctico, lo que hay es una criminalización de la política. El crimen se imbrica al punto que a los alcaldes se los extorsiona con la asignación de obras y el presupuesto que se les asigna tienen que dirigirlo al crimen organizado.

La casi segura victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones presidenciales en México el próximo 1º de julio ha conducido a un incipiente debate sobre el significado y la importancia histórica de ese acontecimiento. Para algunos puede implicar un auge del viejo nacionalismo mexicano de tintes progresistas. Frente a la decadencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a la fractura del Partido Acción Nacional (PAN), López Obrador aparece como un posible recambio. Sin embargo, es muy dudoso que pueda realizar buena parte de las transformaciones prometidas. Su plataforma política y electoral no tiene coherencia ideológica ni puntos en común reales entre las diversas fuerzas. Quizás, con AMLO, se deje atrás parte de la herencia neoliberal, pero se conduzca a México hacia un neopresidencialismo sin contrapesos.

Desde hace 30 años, México vive una disputa de proyectos políticos. El proyecto hegemónico –neoliberal– ha sido impulsado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) formado por una elite tecnocrática autoritaria aliada a corporaciones sindicales y redes clientelares urbanas y rurales. Pero, además, ha contado con el apoyo del conservadurismo provincial de derechas, que a través del Partido Acción Nacional (PAN) ha gobernado el país la mitad de este período. El movimiento que ha postulado la recuperación del proyecto nacionalista impulsado por el régimen de la Revolución Mexicana arrancó con la ruptura del PRI promovida por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, y se institucionalizó con la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el cual confluyeron los ex priistas nacionalistas y la izquierda partidaria y social, siempre subordinada a los primeros.

Entre 1990 y 2000, el PRI logró sentar firmemente las bases legales e institucionales del proyecto neoliberal, purgando la Constitución de sus contenidos nacionalistas y firmando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al tiempo que conservaba el poder político. Entre 2000 y 2018, ya en la transición a la democracia electoral, hubo dos gobiernos panistas y uno de restauración priista que consolidaron esta vía. Pero el nuevo escenario político, definido por elecciones competitivas, implicó el grave debilitamiento del cimiento principal del viejo régimen autoritario: la presidencia casi imperial. La fragmentación del poder experimentada en los últimos veinte años fue el resultado de la simultaneidad de la implantación del modelo neoliberal en la economía y la creación de un régimen electoral competitivo fundado en un pacto entre la elite tecnocrática priista y una emergente clase política conservadora que excluyó del poder al sector nacionalista durante todo ese periodo. Cárdenas perdió tres elecciones presidenciales consecutivas y luego López Obrador perdió otras dos, en este caso como consecuencia de una franca confabulación entre el PAN y el PRI para impedir su triunfo.

La más que probable victoria de López Obrador en las elecciones del domingo significa que el polo nacionalista y una izquierda muy desdibujada por fin lograrán imponerse ante un PRI en decadencia y un PAN fracturado. Sin embargo, este triunfo no significará la reversión del proyecto establecido, que en los pasados treinta años cambió radicalmente al país. El peso económico del Estado es ahora mucho menor y la economía mexicana depende en gran medida de las grandes empresas automotrices (y en general industriales) extranjeras y del gran capital nacional. La urbanización del país avanzó y se ha producido una gran penetración del capitalismo en el mundo rural. Han surgido una nueva clase obrera, nuevas capas medias y un nuevo horizonte cultural en el que los jóvenes han creado nuevas formas de convivencia al tiempo que se han convertido las víctimas principales de la descomposición del viejo orden social y del crecimiento del crimen organizado.

Hay una paradoja en la presente coyuntura política. El hastío generalizado con la violencia y el desorden propiciados por una democracia disfuncional y excluyente, así como por un capitalismo salvaje, se han traducido en la expectativa de que López Obrador sea el líder providencial que ponga orden y construya mínimos estándares de justicia, justo en un momento histórico en el que el Estado no tiene la centralidad económica y política que tuvo en el pasado. El futuro gobierno carecerá de margen fiscal para cumplir sus promesas de subsidios a los sectores vulnerables y para impulsar la inversión pública en infraestructura. Además, la crisis estructural que padece la industria petrolera genera grandes déficits. Asimismo, el complejo y gigantesco entramado legal que han creado los tratados de libre comercio y la integración de facto de buena parte de la economía mexicana a la de Estados Unidos impiden pensar en la restauración de un modelo de desarrollo «hacia adentro», que hace mucho dejó de ser viable como motor central de la economía. Es posible, en cambio, pensar en una forma más justa de funcionamiento del capitalismo mexicano mediante regulaciones efectivas, mayor penetración fiscal y políticas de redistribución no clientelares, nada de lo cual parece tener centralidad en las propuestas de AMLO.

Por otra parte, la sociedad civil es ahora mucho más compleja y diversa, por lo que el Estado todopoderoso que comandaba de arriba hacia abajo a toda la sociedad no puede ser recreado. La sociedad civil mexicana es sin duda débil en términos organizacionales y políticos, pero mantiene capacidades de resistencia que reducen los espacios de maniobra de cualquier gobierno que quiera restaurar la vieja hegemonía estatal sobre la sociedad. Y esto vale tanto para las corporaciones sindicales y urbano-populares del PRI, las iglesias, las mafias empresariales y el crimen. Es decir, vale para la sociedad civil iliberal y conservadora pero también para los sectores medios, las ONG, los movimientos sociales y los pueblos indígenas que luchan por su autonomía.

Sin reconocer la gravedad de estos límites a su proyecto, López Obrador construyó una plataforma política y electoral abigarrada que no tiene coherencia ideológica ni puntos en común reales excepto la figura del líder. El núcleo original del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un partido nuevo nacido de desprendimientos del PRD y del Partido del Trabajo, ha sido completamente rebasado por la urgencia de convertirlo en un partido con presencia territorial nacional en solo cuatro años. Los candidatos de Morena a gobernadores, senadores y diputados tienen en su mayoría pocas o escasas capacidades políticas y técnicas y muchos son políticos verdaderamente impresentables que recién han abandonado al PRI y al PAN. Este agrupamiento oportunista gobernará previsiblemente en el nivel federal y en varios estados, en abierto conflicto con la tecnocracia saliente, lo cual conducirá a una aguda escasez de capacidad de gobernanza.

Sin embargo, la expectativa de que un presidente fuerte pueda poner fin a la fragmentación del poder, la violencia y la corrupción se demostrará errada muy pronto, pues estos problemas tienen raíces estructurales cuya erradicación implica crear instituciones de gobierno funcionales y una nueva tecnocracia profesional, así como definir políticas públicas de largo plazo. Se requiere construir instituciones no solo a nivel federal, sino también en los estados y municipios. Y ello necesita tiempo y participación de la ciudadanía, no solo voluntad política presidencial.

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