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Buenos Aires, Jueves 21 de Junio de 2018 -  01:02 pm 
INTERÉS

30-05-2018

Desde la CPM cuestionaron el posible desembarco de las Fuerzas Armadas en seguridad interior


Desde el organismo dirigido por Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, expresaron rechazaron el pedido de Mauricio Macri durante la celebración por el día del Ejército Argentino. “Significaría una reforma regresiva en materia de seguridad y derechos humanos”, apuntaron.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) cuestionó la eventual posibilidad de que el Estado habilite la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) en cuestiones de seguridad interior, tras ser expresada públicamente por Mauricio Macri durante la celebración por el día del Ejército Argentino.

“Sus declaraciones simplificadoras y sin sustento empírico alguno desconocen los marcos institucionales que regulan la intervención de las FFAA y que constituyen una conquista de la democracia argentina”, señalaron.

Frente a esta declaración, el organismo dirigido por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel precisó que esa designación “significaría una reforma regresiva en materia de seguridad y derechos humanos”. “Una reforma, a su vez, que desconoce las luchas del pueblo argentino por imponer marcos institucionales al accionar de las FFAA desde el retorno de la democracia”, apuntaron.

El pedido de Macri, además, fue dilapidado desde la institución mediante un comunicado tras sostener que “en la memoria del pueblo argentino la intervención de las FFAA en la seguridad interior está profundamente asociada a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, después de dos décadas de sucesivos golpes de Estado”.

“La misma estuvo amparada en lo que se llamó la 'Doctrina de la Seguridad Nacional', impuesta por EEUU para todo el continente Latinoamericano. Desde el retorno de la democracia en 1983, gobiernos de distinto signo político trabajaron, en consonancia con el reclamo popular, para establecer diferencias en materia de seguridad interior y defensa nacional”, subrayaron.

Y agregaron: “Las leyes de defensa nacional y seguridad interior de 1988 y 1991, respectivamente, y el decreto 727 de 2006 fueron determinando esos límites. En ese sentido, la prohibición para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior fue el resultado de acuerdos alcanzados desde la transición democrática por una amplia y mayoritaria pluralidad de actores políticos. Hoy esos marcos institucionales se ven seriamente amenazados”.

Denunciado varias veces

Enfatizaron, por su parte, que “la gravedad de esta situación se inscribe a su vez en un marco de fortalecimiento de las políticas punitivistas que, bajo el paradigma de las ‘nuevas amenazas’, profundizó la militarización del espacio público y fue permitiendo mayores márgenes de arbitrariedad e ilegalidad en el accionar de las fuerzas de seguridad”.

“Todo esto fue denunciado innumerable cantidad de veces por la CPM. El único resultado de esta política criminal en materia de seguridad fue el cercenamiento de derechos y garantías constitucionales. Mientras tanto, las autoridades políticas presentan como resultados positivos el incremento de la cantidad de personas detenidas en condiciones inhumanas que violan todos los tratados internacionales, tal como lo ha señalado recientemente el relator de la ONU para el Comité Contra la Tortura Nils Melzer luego de una visita al país”, subrayaron.

La CPM explicó que “en este contexto regresivo, la reforma de las leyes nacionales para permitir la intervención definitiva de las FFAA en cuestiones de seguridad interior sólo generará más violencia y violaciones a los derechos humanos”.

En tanto, remarcaron que “no existen experiencias exitosas en el involucramiento de las FFAA en la seguridad interior, sino todo lo contrario". "Los países que adoptaron este camino solo generaron más violencia, degradación y corrupción estatal agravando los problemas que se querían evitar. Cómo hemos sostenido en otras oportunidades, los problemas complejos de la seguridad ciudadana, requieren de respuestas estatales complejas e integrales, no anuncios efectistas que simplifican y pretenden mostrar un activismo estatal inexistente”.

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